El Senado también aprobó una reforma a la Ley de Educación Superior del menemismo, que garantiza que el Estado argentino financie las universidades y la gratuidad de los estudios de grado, una modificación que fue exigida durante años por docentes y estudiantes y que fue rechazada por el PRO durante su tratamiento en el Congreso de la Nación, publicó Tiempo Argentino.
En la sesión de anteanoche, los senadores modificaron varios artículos de la Ley 24.521, sancionada en 1995. En uno de los más importantes, el 2º, ahora queda explicitado que "el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las Universidades Nacionales, así como la supervisión y fiscalización de las Universidades Privadas".
La norma modificada también garantiza que sean "las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización" de los Institutos de Formación Superior de sus distritos y, donde la hubiere, la casa de altos estudios provinciales.
"La ley menemista creó la posibilidad del cobro a estudiantes disfrazado bajo la figura de aportes, por ejemplo, lo que abrió la puerta a vivir una situación como la chilena", indicó a la agencia Télam la diputada Adriana Puiggrós (Frente para la Victoria), autora del proyecto modificatorio, y agregó que con la nueva ley queda garantizada la gratuidad y "se acompaña la creación de las nuevas universidades que hemos impulsado en los últimos años, a las que acude una población de menores recursos".
De hecho, los cambios en la normativa apuntan a que las universidades promuevan la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, además de reconocer las diferentes identidades de género y culturas, y generar lazos de integración regional. Con el mismo espíritu de gratuidad, les prohíbe "suscribir acuerdos o convenios con otros Estados, instituciones u organismos nacionales e internacionales públicos o privados que impliquen ofertar educación como un servicio lucrativo o que alienten formas de mercantilización".
Las modificaciones responden así a críticas formuladas por estudiantes, docentes y hasta por las propias instituciones educativas, como la Universidad de Buenos Aires, que logró por vía judicial su no aplicación al entender que avasallaba el principio de la enseñanza pública.
Cambio de discurso
«El PRO había dicho que tampoco acompañaría el proyecto en el Senado; ahora modificaron su discurso y tuvieron que votar a favor.» (Puiggrós).
