La Corte ordenó al gobierno devolver el aumento facturado por el tarifazo

Dos de los tres ministros del Tribunal votaron a favor: José Cáceres y Amelia Sesto. En tanto, Raúl Cippitelli falló en disidencia.

Luego de que la Corte de Justicia de la provincia rechazara la medida cautelar de no innovar, ayer el máximo Tribunal finalmente hizo lugar a la cuestión de fondo: el pedido de amparo solicitado por los diputados del Frente Cívico y Social (ahora, FCS-Cambiemos) por el incremento en el pago del servicio de energía. Dos de los tres cortesanos votaron a favor para que la empresa de energía EC Sapem devuelva los montos ya facturados a través de créditos en las futuras boletas.

La sentencia de la Corte fue por mayoría de votos: Raúl Cippitelli fue por la negativa, mientras que José Cáceres y Amelia Sesto de Leiva fueron por la afirmativa. Así, se resolvió hacer lugar a la acción de amparo, declarando la inconstitucionalidad de las resoluciones, tanto del ministerio de Servicios Públicos (26/15 y 69/16) como del Enre (06/16).

La sentencia expresa que "EC Sapem deberá abstenerse de aplicar los incrementos allí dispuestos” y además, ordenó a la empresa distribuidora de energía que "impute a futuras facturaciones las sumas de dinero que los usuarios hubieren pagado”, en virtud de aplicar los instrumentos ministeriales citados.

Los promotores del amparo -el FCS- evaluaron que EC Sapem "deberá devolver millones de pesos” por lo resuelto en la Justicia. En este orden, los legisladores consideraban que las resoluciones del ministerio eran nulas por cuanto "no respetaron los procedimientos” de la normativa vigente -nacional, provincial y del Enre- sobre el proceder en la determinación del incremento de tarifa y el nuevo cuadro tarifario. 

Mayoría

 Según se desprende de la sentencia, Leiva contempló que "resulta inexorable la audiencia pública”, pues así se dispuso para "reglamentar la participación de los usuarios y consumidores, garantizada por constitución nacional y provincial”. Observó que los actos administrativos impugnados "han sido dictados sin la previa convocatoria”, por lo que corresponde "hacer lugar a la acción de amparo” declarando la nulidad de las resoluciones cuestionadas. "Las sumas que hubieren pagado los usuarios deberán imputarse a futuras facturaciones”, votó. 

El presidente de la Corte, Cáceres, indicó que se "habían quebrado las formas del debido proceso legal administrativo”, sin respetar la constitución nacional y provincial, "omitiendo la convocatoria a una audiencia pública”.

A su vez, compartió el criterio de Hugo Argerich -diputado del FPV- "en cuanto a que toda modificación del régimen tarifario requiere una convocatoria donde deben presentarse los argumentos que justifiquen la decisión con intervención popular directa”. 

Además, evaluó como "inconstitucional el aumento por haber sido impuesto retroactivamente”, pues "vulnera el derecho de propiedad”, sorprendiendo al consumidor que vio tarifado el consumo de energía "por todo concepto a un precio superior”.

Así, remarcó la obligatoriedad de la audiencia pública, ya "que debe cumplimentarse no sólo por el Enre, sino también por la administración que dispuso el aumento”.
Cáceres contempló que "resulta inconcebible que se haga caso omiso al marco regulatorio y a las premisas constitucionales que la Administración, arbitrariamente y en un claro abuso de poder, haya dispuesto del patrimonio de los consumidores”.

Disidencia

Por su parte, Cippitelli observó que los instrumentos a los que se pedía impugnación "deben hacerse con referencia al marco macroeconómico”, distinguiendo dos situaciones: las resoluciones del ministerio y la actuación del Enre. Para el primero, evaluó que los "actos reconocen como precedente el cambio producido en el marco tarifario nacional”, por lo cual "el estudio y valoración de su incidencia en la provincia exceden el marco cognoscitivo asignado en la pretensión de amparo”.

En cuanto al ente, advirtió "la inacción” del organismo defensor "de los derechos de los usuarios”. Observó que la resolución aprobada por el Enre en la aplicación del cuadro tarifario "ha sido emitida en fecha idéntica” a la del ministerio, violando "el fin de su creación”. 

De esta forma, rechazó la acción en contra de los actos administrativos, a la vez que indicó que se "imponga una grave sanción al Enre”.

35 mil subsidios afectados

El titular de EC Sapem, Raúl Barot, se refirió al fallo del máximo Tribunal, señalando que con esta disposición se "pierde el subsidio a 35.000 usuarios de tarifa social nacional”, pues debe retrotraerse a diciembre al anular las resoluciones. "Es una medida que tendría que haber estudiado todos los puntos”, como la tarifa social; además "deja sin efecto la resolución 06/16 del ministerio de Energía de la nación y también la del Enre provincial”, explicó.

Advirtió las consecuencias, detallando que deja sin aplicabilidad el instrumento nacional: "Tampoco vamos a poder recaudar lo que nos cobra Cammesa (administradora del mercado mayorista de energía). Perdemos los 35 mil usuarios que pagaron 50 pesos que se tendrán que refacturar, aplicándoles la factura a enero del 2016 y se pone en juego la prestación del servicio, pues tenemos que recaudar y el valor agregado de distribución (VAD) que solicitamos para afrontar sueldos y gastos operativos”.

Cuestionó al bloque del FCS-Cambiemos y exigió que "nos expliquen cómo avanzamos y qué es lo que pretenden con esto”.
Acotó que la audiencia pública se llevará a cabo a fines de julio, con el objeto de establecer los valores a aplicar y el costo de la prestación del servicio. Por último y en diálogo con "Cae El Telón”, indicó que el subsecretario de Energía nacional, Osvaldo Rolando, "no lo puede creer” y que le habría comentado que "es un despropósito; traerá consecuencias gravísimas en la prestación del servicio y de acá al futuro, porque será un efecto dominó en todo el país”.

"Se resentirán los fondos”

El ministro de Servicio Públicos, Guillermo Dalla Lasta, se refirió al fallo de la Corte de Justicia, entendiendo que por esta resolución se resentirán los recursos que gira nación para obras.
Cuando acompañaba al subsecretario de Energía de la nación, Osvaldo Rolando, el funcionario local indicó que primeramente se tendrá que analizar el tema, pues por el amparo "habrá que comunicarle a Cammesa para dirimir cuáles serán los pasos a seguir”. Dalla Lasta evaluó que perjudicaría no sólo a la empresa EC Sapem, sino "a la relación que tenemos con nación, una muy buena en estos momentos, con respecto a las obras futuras”. En este orden, advirtió que "nación va a resentir el envío de fondos a causa de un fallo adverso”.

En tanto, analizó que curiosamente "Cambiemos nos tendría que estar apoyando, por cuanto nosotros ponemos la cara ante una cuestión nacional, sea quien haga la presentación. Eso lo juzgará nación con respecto a los integrantes de su sector en Catamarca”.

"Barot es un irresponsable”

El diputado Luis Lobo Vergara evaluó que las declaraciones del presidente de EC Sapem, Raúl Barot, son "por lo menos de un irresponsable”. En este sentido, indicó que administra la empresa "más importante de la provincia” y "con total impunidad dialéctica, en una demostración inocultable de impericia, pretende desligar responsabilidades propias en terceros”. "No se hace cargo de los desbarajustes económicos de la empresa, producto del incumplimiento de las normas que regulan el servicio”, indicó, acotando que "pretende escudarse y aprovecharse de la necesidad de los más de 35.000 usuarios beneficiarios de la tarifa social para eludir, junto al ministro Dalla Lasta, su responsabilidad del desastre económico que significa el fallo para el gobierno provincial”, pues "son millones de pesos que tiene que devolver a los usuarios por haberse apropiado ilegalmente de su dinero”.

Vergara, a la vez, despegó el tema nacional e interrogó "¿quién será ‘el Aldo Creche’ que pague?” por no realizar la audiencia pública.

El Esquiú